El Gobierno de Brasil está trabajando en una nueva regulación para limitar aún más la compra
de tierras agrícolas por parte de extranjeros, y afirmó que la legislación actual ha sido “insuficiente”, informó ayer sábado un periódico local.
La norma podría imponer restricciones en los fondos de inversión en los que participan extranjeros y forzar a los bancos internacionales a vender tierra recibida como garantía de un préstamo riesgoso en un periodo de un año.
Brasil es uno de los mayores productores mundiales de alimentos y biocombustibles y la expansión de su producción es considerada como crucial para abordar la creciente demanda de estos productos, en especial de las economías emergentes como China.
El fiscal general de Brasil había ya reinterpretado el año pasado una ley de tierras que ahora limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros o de firmas brasileñas controladas por extranjeros.
La nueva interpretación de una ley de 1971 que fue emitida en agosto de 2010 determinó que las firmas extranjeras, incluso si actúan a través de una subsidiaria brasileña, no pueden comprar más de 50 módulos, que suman desde 250 a más de 5.000 hectáreas, dependiendo de la región.
La medida, no obstante, no se aplicaba retroactivamente a propiedades ya existentes.
La regulación actual ha estado alentando la incertidumbre entre los inversores agrícolas y mostrando las desventajas de la expansión, según analistas.
La nueva legislación debería establecer mecanismos más claros para que los extranjeros se asocien a compañías brasileñas, especialmente en proyectos agrícolas, informó el diario.
La legislación de tierras busca mayormente frenar el avance de China, que ha estado comprando tierras en otros países a través de fondos soberanos, agregó el periódico.
Los registros oficiales muestran que 4,3 millones de hectáreas de tierras brasileñas son de propiedad extranjera, pero la cifra podría exceder hasta en tres veces ese número.
Diario Folha
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